El conflicto por la elección de las sedes de la Copa del Mundo 2030 en España ha alcanzado un punto crítico, donde la exclusión de Vigo como ciudad anfitriona ha provocado tensiones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las autoridades locales. Tres meses después de que la Federación anunciara los 11 estadios seleccionados, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue mostrando su descontento, denunciando lo que considera un proceso poco transparente y advirtiendo de posibles acciones legales si no se aclaran los criterios de selección. "Hay algo que no cuadra, que no nos obliguen a ir a los tribunales", afirmó Caballero, pidiendo que se hagan públicos los informes que sustentaron la elección de las sedes.
En contraste, la ciudad gallega seleccionada para albergar el Mundial fue A Coruña, donde el estadio de Riazor fue el elegido. Sin embargo, este nombramiento tampoco ha estado libre de problemas. Inmediatamente después del anuncio, surgió una controversia sobre la financiación del evento, poniendo en riesgo la participación de A Coruña como sede definitiva. El alcalde de Vigo insiste en que la selección fue injusta y exige que se clarifiquen los baremos usados para decidir las sedes, argumentando que su ciudad no tiene problemas financieros: “Somos la única ciudad de todas las sedes que no tenemos deuda”, subraya Caballero.
Este conflicto en Galicia tiene también un trasfondo político. La Federación Gallega de Fútbol, presidida por Rafael Louzán, exdirigente del Partido Popular (PP) y antiguo presidente de la Diputación de Pontevedra, está en el centro de la polémica. Abel Caballero insinúa que su exclusión puede estar relacionada con rivalidades políticas previas, ya que fue su aliada, Carmela Silva, quien reemplazó a Louzán en la Diputación en 2015. Además, el alcalde vigués sugiere que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pudo haber presionado en contra de Vigo, según revela El Confidencial, que señala también que Louzán fue inhabilitado para la política en el año 2021 or un delito de cohecho.
Mientras tanto, en A Coruña, la situación financiera ha generado un verdadero rompecabezas. El Deportivo, que juega en el estadio de Riazor, ha expresado su desacuerdo con que el recinto sea sede del Mundial, señalando que el proyecto no cuenta con su apoyo y pone en riesgo su sostenibilidad. La financiación del proyecto, inicialmente estimada en 70 millones de euros y ahora elevada a 90 millones, sigue sin estar clara. La participación de inversores privados, entre ellos un posible inversor estadounidense, y la aportación pública han generado discrepancias entre las administraciones locales y el gobierno gallego. La Xunta ha propuesto un reparto del 70% de la financiación entre el CSD, la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, mientras que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha sugerido otro esquema de reparto. Por su parte, la Diputación ha rechazado la propuesta de la Xunta, calificándola de "injusta y desproporcionada".
Con la FIFA al tanto de las complicaciones tras una visita a Riazor en septiembre de 2023, el futuro de A Coruña como sede está lejos de estar asegurado. La RFEF ha admitido que, aunque la candidatura está en marcha, quedan años hasta el Mundial y podrían producirse cambios en las sedes antes de 2030.
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