ALBERTO LIJÓ |
La Unión Europea, por medio de su director general de la Competencia, Alexander Italianer, investiga la cesión de campos municipales a los clubes españoles de fútbol, según la información publicada por el diario Sur que firma Javier Ortiz de Lazcano. Según recoge el rotativo malacitano, «el director general de la Competencia, el holandés Alexander Italianer, asegura haber recibido denuncias de varios estados miembros sobre medidas adoptadas por los municipios en favor del equipo de fútbol local, y otras referidas a nivel nacional a la aplicación de un tratamiento fiscal especial a algunas sociedades del fútbol profesional.
El documento que recoge las acciones de la Unión Europea con respecto a la cesión de los estadios municipales a clubes de fútbol se remitió a la representación permanente de España en la UE y obra en poder de las comunidades autónomas.
En ese documento, la Unión Europea insiste en que el fútbol es una actividad económica y que las ayudas estatales pueden falsear la competencia, informa el diario Sur. En este sentido, la UEFA ya había advertido en su momento que la explotación de los campos de fútbol municipales por parte de los clubes es también una actividad económica que debe estar «sometida al control de ayudas estatales». El ente rector del balompié continental asegura en un informe que solo el 17% de los clubes de fútbol europeos es propietario del campo en el que juega. Los demás disfrutan del uso y explotación en virtud de acuerdos con los gobiernos municipales correspondientes, dueños de las instalaciones.
Muchas denuncias
La Unión Europea también expresa sus dudas y su desacuerdo por las condiciones que se recogen en en la mayoría de estos convenios entre entidades municipales y deportivas, ya que en España los clubes suelen hacerse con el derecho a disfrutar del campo apenas a cambio de un alquiler simbólico o los gastos de mantenimiento. De hecho, el director general de la Competencia advierte que «muchas de las denuncias presentadas se refieren a las condiciones de uso de los estadios municipales y al precio de los terrenos objeto de transacciones inmobiliarias entre el ayuntamiento y el club». Por ello, reclama «precios de mercado» y advierte de que considera este punto «especialmente importante».
Competencia aprovecha el informe para advertir a los gobiernos municipales: «Parece que no todos los ayuntamientos son conscientes de que las normas sobre ayudas estatales también son aplicables a sus medidas financieras en favor del club de fútbol profesional de la localidad».La Unión Europea reitera que el dinero público no acudirá al rescate de los clubes de fútbol y el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, respaldó públicamente el reglamento Fair play financiero elaborado por la UEFA.
En el caso de los dos clubes gallegos de Primera División, tanto el Deportivo como el Celta disfrutan del uso de sendos estadios municipales, Riazor y Balaídos, gracias a los convenios firmados con los propietarios de las instalaciones, los ayuntamientos de A Coruña y Vigo. En el caso del Deportivo, el acuerdo con el gobierno municipal recoge el uso y explotación de las instalaciones deportivas y bajos comerciales a cambio de un alquiler simbólico de un euro al año y los gastos de mantenimiento. Sin embargo, Lendoiro incluye en el balance contable de la entidad como activo 18 millones de euros en concepto del uso del estadio.
El ayuntamiento de Vigo cedió Balaídos, Barreiro y A Madroa (bares y publicidad incluidas) «sin contraprestación alguna» al Celta por medio de una «subvención de carácter no monetario». «El importe de la misma asciende a 31.127.896,69 euros correspondiéndose con el valor de mercado obtenido para el derecho de cesión sobre las instalaciones deportivas utilizadas por el R.C. Celta de Vigo S.A.D.», según reza el convenio.
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