Horacio Gómez no tendrá que responder con su patrimonio de la situación de insolvencia que desencadenó el concurso de acreedores del Celta al retirar el fiscal la petición de que el expresidente hiciese frente con su peculio al incremento del pasivo el club entre los años 2002 y 2006 por haber decrecido la deuda del club en este periodo.
El ministerio público mantiene, pese a esta rectificación, la calificación del concurso como culpable y solicita que se condene a Gómez y a su director general, Alfredo Rodríguez, a una pena de diez años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Se solicita, asimismo, que se señale como cómplice de ambos al auditor de cuentas José Manuel Patiño, aunque sin petición de pena. La administración concursal reclama cinco años de inhabilitación para los dos exdirigentes célticos mientras que los abogados de la defensa solicitan que se califique el concurso como fortuito.
El juicio contra Horacio Gómez quedó visto para sentencia tras cuatro largas jornadas de sesiones dedicadas a la declaración y el interrogatorio de los imputados y de los distintos expertos y testigos propuestos por la defensa y, finalmente, ayer, a la exposición de conclusiones.
La administración concursal y el ministerio público pidieron la calificación de culpabilidad al considerar probado que Gómez y Rodríguez cometieron irregularidades relevantes de contabilidad para reflejar una situación patrimonial ficticia e incumplieron la obligación de disolver la sociedad, que funcionó durante años con patrimonio neto negativo sin que se tomasen medidas para evitar su disolución, como ampliar capital.
Las principales prácticas contables anómalas señaladas por la administración concursal fueron la no provisión de las actas de Hacienda (que constituyen la mayor parte del pasivo y han sido luego ganadas por el club), la activación contable de varios futbolistas de la cantera (Oubiña, Bouzón, Isaac), la amortización supuestamente indebida de los contratos de Catanha y Méndez o irregularidades en el contrato publicitario suscrito con Caixanova, entre otras.
Los abogados de Gómez y Rodríguez negaron tales prácticas y denunciaron la ocultación por parte del Celta y de la administración concursal de "documentación fundamental" que respalda sus tesis . Se referían en concreto a la sentencia del Tribunal Supremo de enero pasado que dejaba sin efecto una deuda con Hacienda de 8,2 millones de euros que los antiguos gestores no provisionaron en el balance y que el Celta y la administración concursal obviaron con una actitud "rayana en la obstrucción a la justicia", en palabras del abogado de Gómez, Javier Búa. Este lamentó que la administración concursal no hubiese respetado el principio jurídico de "igualdad de armas" y deploró el "injusto juicio mediático" al que ha sido sometido el expresidente celeste "durante dos años y medio" .
El abogado de Alfredo Rodríguez, Javier Tebas, denunció "un montaje" de la administración concursal para poner en duda la honorabilidad de dos personas. Tebas destacó que la administración concursal ya no vincula en sus conclusiones las supuestas irregularidades contables a la causa de disolución. Recordó que Carlos Mouriño era ya consejero delegado de la entidad en mayo de 2006 y consideró asimismo que ha quedado acreditado por los informes de los peritos y ls conclusiones expuestas por las defensas que no existió ningún tipo de irregularidad relevante.
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